Gumersindo Rodríguez

El actual Presidente debe entender que la credibilidad de la política económica internacional de un Estado, depende de los éxitos de sus gobiernos en lograr la combinación más cercana al óptimo que sea posible, entre la estabilidad política y la paz social, el uso socialmente eficiente del potencial productivo del país y los equilibrios económicos interno y externo.

El Estado actual de la economía venezolana indica que nos estamos cada día más alejando de este necesario equilibrio. Los conflictos sociales se intensifican, como se constata en la multiplicación de las protestas que recogen ampliamente los medios de comunicación nacional e internacional. Se incrementa el grado de subutilización del potencial productivo, donde destaca la duplicación de la tasa de desempleo abierto, que hoy alcanza cerca del 20% de la fuerza laboral. La crisis interna de la producción, las ventas y los ingresos reduce la capacidad de tributación de las personas naturales y jurídicas, y de esa manera neutraliza o anula el efecto de los mayores ingresos petroleros sobre las finanzas públicas. Los compromisos de gasto corriente del Estado con base al articulado de orientación populista-paternalista de la nueva Constitución, ensanchará inevitablemente la brecha fiscal en una economía en franco proceso de contracción.

Los agentes económicos actuarán según la racionalidad de sus expectativas, que les recomienda la necesidad de protegerse contra más elevados niveles de tributación directa e indirecta y contra una maxidevaluación con propósitos fiscalistas. En las condiciones imperantes de libre convertibilidad y de sobrevaluación de la moneda, puede ocurrir una conversión masiva de liquidez interna en activos internacionales, una aceleración en las importaciones para la acumulación de inventarios y un retardo en los ingresos de divisas por concepto de exportaciones no tradicionales. La política de bajos intereses promovida por el Gobierno en el conocido acuerdo con los banqueros, facilita estas operaciones de fuga de divisas, mediante el estímulo a la obtención de préstamos destinados en parte importante a la adquisición de moneda y mercancías extranjeras, cuyos precios en la posdevaluación permitirán la realización de cuantiosos beneficios particulares. De esa manera el aumento de las reservas internacionales, gracias a la actual bonanza petrolera, será insuficiente para cubrir la demanda de divisas y el pago del servicio de la deuda externa. La salida de divisas con estos propósitos destruirá una parte sustancial de la base monetaria, y en consecuencia resultará en una reducción amplificada en la liquidez total y en la solvencia del sistema financiero.

En estas condiciones los viajes internacionales del Presidente, para promover la imagen de un país cuya producción e ingresos están en ruinas, puede tener resultados contraproducentes sobre la economía nacional en su conjunto, y sobre el patrimonio público en particular. En los encuentros con los acreedores actuales, el ego presidencial será incentivado en el reconocimiento calculado de su estatura como hombre de Estado, en cuya credibilidad se aparenta confiar. Para responder a esta inspiración de confianza el Presidente y su Gobierno cumplirán escrupulosamente el programa de pago puntual de servicio de la deuda externa, en la esperanza de obtener de inmediato nuevos préstamos. Pero estos préstamos, si es que se materializan en la escala y en el plazo proyectados por el Gobierno, implicarán términos más desventajosos e intereses más elevados, en razón del 'riesgo país' que resulta del hecho que la economía interna está en crisis, que se incrementa el déficit fiscal, que se potencia el peligro de una maxidevaluación, y que se evidencia la amenaza de una masiva fuga de divisas y el posible colapso de la solvencia del sistema financiero interno.

En el contexto analizado, los viajes del Presidente le costarán a la nación y al Estado un múltiplo millonario de los gastos de su movilización internacional y de la parafernalia que lo acompaña. Esto podría interpretarse en el futuro como un delito imprescindible contra el patrimonio neto del Estado, según la filosofía jurídica del Presidente expresada en el espíritu y texto de la nueva Constitución de la Republica Bolivariana.

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