EDGAR LOPEZ
EL UNIVERSAL
Al ser consultado sobre las más recientes ocupaciones
de instalaciones industriales, con la anuencia del Gobierno
Nacional y de algunos mandatarios regionales, el fiscal
general de la República, Isaías Rodríguez,
dijo que, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución
Nacional, el derecho a la propiedad privada tiene una función
social, por lo cual en este caso el interés general
ha de privar sobre los intereses particulares.
"Ningún derecho es un derecho absoluto. Nuestro
derecho termina donde comienza el derecho de los demás
y, sobre todo, cuando es un derecho que tiene expresión
social, que tiene repercusión social", insistió.
Sin embargo, Rodríguez aclaró que sus opiniones
no significan que está de acuerdo con las acciones
emprendidas, por ejemplo, en las plantas de Polar en
Barinas y de Heinz en Monagas.
Se hizo eco de las dudas sobre la operatividad de
dichas instalaciones, pero explicó que sólo
conoce del asunto y de los argumentos a favor y en
contra de las ocupaciones a través de las reseñas
periodísticas. Anunció que fijará una
posición definitiva en la oportunidad en que
al Ministerio Público le corresponda emitir su
opinión jurídica respecto de las acciones
legales que han intentado los afectados, en particular
ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia. Por lo pronto, Rodríguez solicitó
a la fiscal Solange Manrique un informe pormenorizado
de la situación en cada uno de los lugares donde
ha habido ocupaciones.
En vista de que el ministro de Agricultura y Tierras,
Antonio Albarrán, ha señalado que el rescate
de instalaciones industriales supuestamente ociosas
se inscribe dentro del socialismo del siglo XXI
pregonado por el presidente Hugo Chávez, al
fiscal se le recordó que algunos juristas han
advertido que, independientemente de la denominación
del proceso, estaría en peligro el derecho
a la propiedad privada.
"Yo creo que se ha exagerado _indicó Isaías
Rodríguez_ y a través de algunas informaciones
se está tratando de politizar el tema. De
esta forma el debate jurídico de desfigura.
Al utilizar la expresión socialización
se desfigura la concepción jurídica
del tema constitucional. El derecho de propiedad
está sometido a contribuciones, restricciones
y obligaciones que se establezcan con fines de
utilidad pública o de interés general.
Hay estudios en materia de derecho social y del
trabajo, según lo cual la empresa ya no es
una propiedad privada, sobre lo cual el patrono
dispone a su libre albedrío, si no, está
sujeto a los intereses de la producción social,
a los intereses de los trabajadores; es un ente
colectivo con una función social. Hay que
abordar el tema con carácter técnico,
no politizarlo, no darle un contenido polémico".
Como quiera que la situación tiene que
ver con derechos de los propietarios y de las
personas que, según se ha dicho, pretenden
reactivar las respectivas actividades económicas
a través de procesos de cogestión,
pareciera que se impone un balance para determinar
cuáles tendrían más peso, Rodríguez
explicó que es un error dis tinguir entre
unos y otros derechos: "Todos los derechos tienen
el mismo rango".
Isaías Rodríguez insistió
en señalar que, en todo caso, él
es el garante de todos los derechos de todos
los ciudadanos, por lo cual se comprometió
a velar por el apego a la legalidad y a la
constitucionalidad vigente de las ocupaciones
emprendidas.
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