El viernes 4 de noviembre de 2005 alrededor de las 8:00 p.m. una noticia corrió como pólvora: El Tribunal 34 de Control, a cargo de la jueza Alejandra Rivas, ordenó la detención preventiva de la periodista Patricia Poleo, el banquero Nelson Mezerhane, el general (r) Eugenio Añez Núñez y Salvador Romaní, hijo, por la autoría intelectual del asesinato de Anderson.

Esa noche el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, anunció que incluso existía la posibilidad de un antejuicio de mérito a un quinto involucrado, aunque no revelaría el nombre hasta el día siguiente: General de Brigada Jaime Escalante, Jefe del Comando Regional Nro. 1.

El fiscal Rodríguez ha adelantado que al menos tres personas más estarían involucradas, pero sus nombres serán dados a conocer próximamente. No obstante detalló que se tratarían de "alguien más del sector financiero, pudiera aparecer alguien del sector militar de baja graduación -no sé si activo- y puede aparecer un personaje importante que en su momento ustedes lo conocerían y no les extrañaría tanto".

Hasta el momento sólo dos de los solicitados han sido detenidos, Salvador Romaní (hijo) y el general Añez Núñez. A los cuatro se les atribuye el delito de homicidio calificado con alevosía y mediante incendio, en grado de sujetos determinadores.

De acuerdo al Ministerio Público, hay doce elementos de convicción que señalarían a Poleo, Romaní, Mezerhane y el general Añez Núñez -junto a otras personas- al asesinato, entre las que está el testimonio de un médico psiquiatra perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia, quien asegura haber participado en al menos tres reuniones en que se planificó el atentado.

Los encuentros habrían sido realizados en Miami, Panamá y Maracaibo, entre el 2003 y el 2004. Los abogados de Romaní y el general Añez Núñez aseguran que pueden probar que sus defendidos no estaban en esas ciudades en las fechas que señala el testigo en que se habrían celebrado las reuniones. Incluso, señalan que para el día de una de esas reuniones el general Escalante estaba en Washington en un curso.

No pocas reacciones han causado las acusaciones desde que fueron anunciadas. Mientras que el sector oficialista insta a esperar el juicio en el que aseguran serán garantizados los derechos de los imputados, la oposición alega que se trata de una medida de retaliación política que pretende usarse como mecanismo de intimidación.

Incluso, los mismos familiares de Anderson se encuentran divididos. Marisela Carballo Anderson, hermana del fiscal asesinado, exige al fiscal Rodríguez que presente las pruebas que demuestren la culpabilidad tanto de Poleo, Mezerhane, Añez y Romaní como de los Guevara (Juan Bautista, Rolando y Otoniel), pues "hasta ahora no tengo herramientas para creer".

Mientras, Lourdes Anderson, otra de las hermanas del fiscal, reiteró su "plena fe en el Ministerio Público" y afirmó que está segura que no ha hecho imputaciones "por una ligereza", pues está convencida de que existen los elementos de convicción contra los acusados.

Hipótesis a montón

A lo largo de un año de investigación, múltiples versiones se han barajado sobre la autoría intelectual del crimen. Una apuntaba a que el atentado fue planificado por un grupo de banqueros en noviembre de 2004, durante la boda en República Dominicana de Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas -hija del propietario del Banco Occidental de Descuento (BOD), Víctor José de Vargas-, con el objetivo de librar de juicio a dos de los investigados por la firma del llamado decreto Carmona.

No obstante, el pasado viernes 13 de mayo el propio fiscal Isaías Rodríguez descartó esta hipótesis al anunciar los interrogatorios a nueve personas que fueron a la boda "no dieron resultado", pues ofrecieron "respuestas uniformes", a excepción de uno que ofreció "información importante" sobre números telefónicos y contactos "que ayudan a esclarecer" el caso.

Otra versión se orientó a que la planificación y ejecución del atentado se realizó en Colombia por personas interesadas en deponer al presidente Hugo Chávez. Entre los investigados estarían Pedro Carmona Estanga, el ex jefe del Comando de Escuelas del Ejército, G/B Néstor González González, y el ex jefe de Estado Mayor, GB Felipe Rodríguez, alias "El Cuervo", quienes estaban en el país vecino según información del gobierno.

Una hipótesis indicaba que los autores intelectuales podrían ser los mismos financistas de los atentados contra la embajada de España, el consulado de Colombia y la torre Caracas Teleport, caso en el que también aparecería vinculado el general Felipe Rodríguez, además del empresario Isaac Pérez Recao y un ciudadano de nacionalidad italiana.

Tras la detención del general Felipe Rodríguez, el Fiscal General señaló que no existían indicios de que éste estuviera vinculado al atentado contra Anderson.

Una polémica hipótesis, con mucha repercusión en la opinión pública, fue la planteada por el concejal de Libertador, Carlos Herrera, quien señaló un sector del gobierno presionaba al fiscal Anderson para que no imputara a banqueros y empresarios por el decreto Carmona.

Herrera ha señalado al vicepresidente José Vicente Rangel, al ex ministro de Finanzas Tobías Nóbrega y al diputado Calixto Ortega (MVR) de coaccionar al fiscal para que no imputara a determinadas personas.

Además, Herrera acusó al abogado Sócrates Tiniacos de haber sustraído dinero y documentos de la caja fuerte del fiscal Anderson minutos después de su asesinato. En el acta difundida por varios medios de comunicación, Tiniacos habría declarado que había sido testigo del pago de un dinero por parte de un abogado -representante de Ignacio Salvatierra- a Danilo Anderson y que la noche del atentado había sacado Bs. 120 millones de la caja fuerte del fiscal. Posteriormente, Tiniacos negó que dichas actas fuesen auténticas y desmintió el contenido de las mismas.

En un comienzo, el fiscal admitió que las denuncias de Herrera habían servido para "orientar las investigaciones hacia los autores intelectuales". Sin embargo, la versión del concejal fue calificada por Rangel como "basura especulativa".

Aunque aún los imputados por la autoría intelectual no habían sido determinados, el 9 de diciembre el Vicepresidente de la República aseguraba que ya "están identificados, pertenecen a esa mafia de Miami con ramificaciones en Venezuela (...) viejos policías de la IV República entrenados para el crimen".

Otro controversial planteamiento, surgido a raíz de la investigación, ha sido el de la existencia de una red de extorsión en el Ministerio Público a la que presuntamente pertenecería Anderson o conformada por allegados a Anderson sin el consentimiento de este, que negociaban "sacar" de la lista de firmantes del decreto Carmona.

El Fiscal General señaló que no se descarta ninguna hipótesis, por lo que investigaban la posibilidad de que amistades del fiscal fallecido "aceptaron ofertas materiales en el caso del decreto Carmona".