Washington.- Estados Unidos investiga si la compra el año pasado del mayor fabricante estadounidense de máquinas de votación por parte de una firma de software vinculada con Venezuela dio al gobierno del presidente Hugo Chávez el control de sus operaciones, dijo el sábado el New York Times reseñado por Reuters.

El Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, un panel integrado por varias agencias que aprueba o rechaza adquisiciones extranjeras, está conduciendo una investigación formal sobre Smartmatic Corp. y su subsidiaria Sequoia Voting Systems, con base en Oakland, California, reportó el Times en su edición electrónica.

Smartmatic y funcionarios del gobierno venezolano han negado tajantemente que Chávez tenga algún papel en Smartmatic, dijo el Times.

Una portavoz del Departamento del Tesoro estadounidense rechazó comentar si el Comité estaba realizando la investigación formal o no, pero sí confirmó que el panel había contactado a la compañía.

El embajador de Venezuela en Washington, Bernardo Álvarez, negó anoche que hubiera ningún vínculo entre la empresa y el ejecutivo venezolano, informó Efe.

"El Gobierno venezolano no tiene nada que ver con la compañía salvo que la contrató para nuestro proceso electoral", dijo Álvarez.

En febrero del 2004 las autoridades electorales venezolanas seleccionaron a la empresa Smartmatic-Bitza para suministrar la tecnología que automatizara los procesos de votación y escrutinio de las elecciones que se celebrarían ese año en Venezuela.

En septiembre del 2004 la oposición venezolana pidió auditar las máquinas y sistemas propiedad de Smartmatic utilizados en el referendo electoral del 15 de agosto, por temor a que estuvieran trucados.

En marzo del 2005, Smartmatic aprovechó los beneficios de unos 120 millones de dólares logrados tras sus acuerdos para las elecciones del 2004 con el Ejecutivo venezolano, para adquirir la empresa Sequoia Voting Systems, con base en Oakland (California).

Según The New York Times, Smartmatic tiene instalado equipamiento de votación en 17 estados de EEUU y en Washington DC.

La legisladora demócrata Carolyn Maloney, que ya preguntó en mayo al ejecutivo estadounidense por esta cuestión, subrayó que el gobierno debería saber quien es propietario de esas máquinas, porque "es una cuestión de seguridad nacional".

Esta es la segunda vez que las conflictivas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela afectan a empresas.

El pasado 27 de septiembre, la cadena de tiendas de abastecimiento y estaciones de gasolina 7-Eleven informó de que dejaría de comprar combustible a la firma petrolera Citgo, filial de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), como protesta por los insultos de Chávez al Gobierno de Estados Unidos.