ÁNGEL RICARDO GÓMEZ

EL UNIVERSAL

El caso de RCTV ha generado un debate no sólo en el sector político sino en todos los ámbitos de la sociedad. Ha resurgido el anhelo de cambio de la televisión venezolana y recobrado fuerza la noción de una verdadera televisión de servicio público, independiente del gobierno de turno y de intereses particulares privados, el tema del espectro radioeléctrico, su administración y explotación.

Sin embargo, a juicio de Oscar Lucién, investigador y cineasta, el actual gobierno ha "usurpado" conceptos tan importantes como el de televisión de servicio público, para tomar una medida "arbitraria" contra un canal de televisión.

-Parece que existieran cartas bajo la manga por parte de TVes, ya que se informó sobre algunos programas de la parrilla de programación, pero no se le dijo a la gente la cantidad de horas de que habrá, cadenas presidenciales, noticias oficiales¿Aló Presidente

-Claro. Yo veo el tema de RCTV en el marco de un proceso creciente de cerco a la libertad de expresión que pasa por una cantidad de niveles: un aparato normativo que restringe o limita la libertad de expresión, reforma del Código Penal, Ley Resorte, providencias administrativas de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), todo el aparato judicial que genera inhibición en los periodistas por el tema de las demandas, la discrecionalidad en la colocación de pautas publicitarias que se utiliza para premiar o castigar líneas editoriales independientes, tenemos el gravísimo problema del acceso a las fuentes oficiales, la autocensura, hasta llegar al cierre de RCTV (...) Aquí se está haciendo un fraude constitucional, porque se argumenta la medida de TVes a partir del artículo 108 de la Constitución, que efectivamente establece que el Estado está obligado a producir servicio público de televisión. Ahora, durante 8 años para producir un servicio público, tú debiste convocar a la sociedad, los gremios periodísticos, anunciantes, productores independientes, universidades, usuarios... y con ese colectivo social hacer una oferta que tiene que ver con los canales que va a tener el Estado y el sistema privado. Porque el sistema público no es excluyente de la presencia de un sistema privado. A lo que apuesta un servicio público es a convertirse en el vagón de la calidad.

-A nadie debería sorprender la medida contra RCTV, ya que los llamados despectivamente "opinadores de oficio" lo advirtieron; además, la teoría socialista señala que el Estado controlará todos los medios de producción y eso se está materializando. ¿Por qué el escándalo si fue advertido?

-El anuncio de la opción socialista es algo reciente; por otro lado, si nos atenemos a los resultados de las últimas elecciones hay un porcentaje importante de venezolanos que no eligió esa opción y en una democracia el Presidente es el Presidente de todos los venezolanos, no solamente de aquellos que votaron por él. Estamos hablando de una perversión de la democracia y por eso se califica como un atentado a la misma.

-Esta coyuntura ha demostrado que si bien el Gobierno tiene la tendencia autoritaria tantas veces denunciada, también existe una empresa privada con muchísimo poder e influencia nacional e internacional. ¿Cómo llegar a esa televisión pública a la que aspira el ciudadano que se encuentra entre estas dos aguas?

-Yo creo que un elemento gravísimo de esta decisión es desnaturalizar y usurpar un anhelo, efectivamente de cambio, renovación, democratización, de la televisión. El Estado usurpa conceptos tan importantes como el de televisión de servicio público para tomar una medida autoritaria y arbitraria contra la libertad de expresión, negando y sacrificando la verdadera expectativa de cambio. Es decir, defender hoy a RCTV no significa avalar su oferta programática, significa defenderla en el sentido de que es una ventana y es diversa a lo que está, pero la necesidad de que efectivamente ocurra un cambio, ese anhelo es legítimo, lo que yo creo es que ese cambio debe ocurrir en democracia y con democracia.

-¿Con la medida contra RCTV se concreta el monopolio de los medios por parte del Gobierno?

-Efectivamente. Se concreta el monopolio por la cantidad de medios que tiene el Estado, su política editorial y por la adecuación, por las razones que fueren, de canales privados que responden a la línea editorial del Gobierno. Es decir, yo creo que estamos ante un panorama muy delicado, opresivo, con respecto a la libertad de expresión efectiva, ¿por qué?, porque se limitan las posibilidades de diversidad del usuario.

-¿Pero sirve de algo tener el control de los medios si el mensaje no llega a los espectadores, si la gente tiende a apagar las cadenas y a recurrir a la televisión por suscripción?

-Hay una monopolización efectiva porque hay un espacio radioeléctrico limitado que se lo va apoderando el Gobierno, pero eso no significa que ese pensamiento único que va a pasar por ahí se va a imponer a la gente porque hay modalidades de acceso a otros canales de información. Allí hay dos temas interesantes: uno es el de la incomprensión de la realidad tecnológica y efectiva de lo que es la televisión hoy en día. La televisión generalista ha ido perdiendo espacios y la oferta que hay en el cable es realmente enorme, pero tú tienes también Internet, todas esas modalidades de acceso a la información, que te ofrecen servicios distintos a lo que hay por señal abierta. La gente ve otra cantidad de canales, lo que ellos creen que la gente no va a ver en la televisión de aquí, lo verá por canales internacionales, por Internet, o sea, que ese control por un lado es prácticamente imposible. Si uno ve la realidad de las nuevas generaciones, el tiempo de exposición a la televisión es bastante menor que la exposición a las nuevas tecnologías. El otro tema es una concepción anacrónica según la cual el espectador es un ente pasivo, que todo lo que le llega se lo traga automáticamente, que es un autómata. Hoy en día, la investigación académica empírica te dice que la gente no es una esponja, que la gente reacciona, piensa y socializa todos los mensajes que le vienen por la televisión.

-Como cineasta, ¿qué opinión le merece la coproducción que va a hacer Danny Glover con el Estado venezolano, que va a destinar casi 18 millones de dólares para este fin?

-Es verdaderamente un escándalo y me sumo a la indignación del gremio cinematográfico venezolano. Se le dará a una sola persona lo que corresponde a toda la producción de largometrajes y cortos de un año. Me llama la atención que mientras los productores venezolanos tenemos que pasar por un sistema de concurso, con una oferta limitada de recursos, a esta persona se le dan de manera discrecional 38 millardos de bolívares para que haga una película. Me parece que hay una discriminación en la forma de otorgar recursos. Ahora, más me llama la atención que la persona a la que le asignan esta cantidad aparece como militante y partidario del Gobierno, es miembro asesor de una televisora del Gobierno (Telesur), me parece que hay una cosa que no es transparente. O sea, que dineros públicos se están dando a personas que no tienen una trayectoria de producción en Venezuela; además, es una persona que viene de un país donde si algo opera como industria importante es el cine. Eso te plantea la manera discrecional como el Estado ha manejado el presupuesto de la cultura en lo que son sus propósitos y planes estratégicos.

-Desde la Villa del Cine se argumenta que esto se hace para reforzar los valores y la identidad de América Latina; para otros se apoya el proyecto por su mensaje antiimperialista...

-Por lo que uno entiende, esa productora del Estado se ha hecho de una manera no democrática, excluyendo a una porción importante de venezolanos que no suscribe el proyecto político del presidente de la República. La manera como se están otorgando los recursos, no transparente, no clara, no por vía de concursos donde todos competimos en igualdad de oportunidades, merece el rechazo de la colectividad.

-¿Ni siquiera si existiese seneficio para Venezuela sería justificable la producción?

-Siempre que hay una relación que plantee algún tipo de reciprocidad es bienvenida, no me parece mal. Si el país gana participando en esa producción, está bien; ahora, si quien gana es un grupo o una parcialidad, entonces es cuestionable. Por lo que he visto, el señor Danny Glover es un vocero de la parcialidad política que está en el Gobierno, significa que aquí hay un sistema de exclusión y de discriminación que sigue operando en distintos ámbitos y particularmente en el ámbito de la cultura. Hay muchas preguntas, por ejemplo, quién va a ser el dueño de la película.