ROBERTO GIUSTI

EL UNIVERSAL

Nunca se habría imaginado Danilo Anderson que su muerte terminaría convirtiéndose en la más acabada expresión del estruendoso fracaso por imponer un régimen totalitario. A poco menos de cuatro años del macabro episodio de Los Chaguaramos y todavía impune el crimen, el caso del joven fiscal termina explotándole en la cara a a títeres y titiriteros con sus secuelas de corrupción, arbitrariedad, abuso de poder y una sórdida cadena de crímenes que tienen un solo origen: la concentración casi ilimitada del poder en un solo puño.

Y decimos "casi ilimitada" porque el proceso de acumulación de los controles sobre los poderes públicos y también sobre los fácticos, si bien funcionó con eficacia en la generalidad de los casos, en otros, como los medios de comunicación, no logró cerrar el círculo y por esas grietas se le desfondó el tinglado de la dominación total.

Aquí no se trata sólo del sometimiento del sistema judicial o de la Fiscalía, sino de todo el aparato estatal que actúa como un todo, manejado desde un centro de poder que, en casos como el de Anderson, ejecuta todo tipo de arbitrariedades, garantiza impunidad, pervierte las investigaciones, condena inocentes, fabrica testimonios, compra testigos, adultera actas y utiliza a la justicia como arma política en una cadena que atraviesa a todas las instituciones: desde jueces y fiscales hasta funcionarios del gobierno, militares, policías, parlamentarios.

No fue sino la garantía de impunidad la que habría llevado a Anderson a negociar con quienes aparecían en la lista del 11 de abril, causa principal, como todo pareciera indicar, de su asesinato.

Esa misma impunidad le habría permitido al entonces fiscal Rodríguez y a sus subordinados desviar las investigaciones de su derrotero original, con lo cual no sólo dejaban a los verdaderos autores (tanto materiales como intelectuales) salirse de la suerte, sino inculpar y por tanto neutralizar a supuestos y peligrosos enemigos políticos del régimen.

Son dos los elementos clave para comprender cómo y por qué se derrumba el montaje: uno es la sensación de dominio absoluto. Todo está atado y bien atado, los mecanismos se han integrado armoniosamente, no hay fisuras, somos inalcanzables. Y el otro, como consecuencia del anterior, la chambonada, el descuido, la manera chapucera y descarada de atar los cabos, derivada no sólo de esa sensación de poder, sino de su incapacidad y carencia de elegancia a la hora de armar una trama medianamente potable.

Y aquí enlazamos por el principio. De no existir medios independientes y periodistas no sólo valientes sino acuciosos, incluso a pesar de las inconsistencias y contradicciones de la versión de la fiscalía, hoy en día el caso estaría cerrado, con un grupo de inocentes purgando condenas injustas y la opinión pública totalmente sometida a la versión manipulada de los medios oficiales.

La existencia de esa opinión pública consciente e informada permitió la derrota de la reforma constitucional, que no era otra cosa sino la institucionalización del modelo totalitario. Y son esos resultados electorales la causa , entre otras, de la deriva que ha tomado ahora el caso Anderson.

La monolítica estructura de poder armada a lo largo de los primeros ocho años de gobierno se asentaba sobre una base legítima: el apoyo popular. Hugo Chávez estaba liquidando la democracia a través de uno de sus instrumentos básicos (el voto). El predominio de su discurso y la credibilidad que despertaba entre las mayorías lo hacían invulnerable a las denuncias de los medios. Su palabra era sagrada, incluso cuando quedaba en evidencia el divorcio entre la forma de imponer su hegemonía política y las normas éticas que deben caracterizar la actitud de un jefe de estado.

Por eso, aunque todas las taras y mitos del caso Anderson fueron denunciadas desde el principio por medios y periodistas, el control de los poderes, de la mayor parte de la opinión pública y el respaldo popular, actuaban como capa protectora de la tramoya. Chávez y lo suyos eran impermeables.

Ahora Anderson sale del olvido, las denuncias de antes siguen siendo las mismas, pero adquieren un peso inédito. Lo novedoso de esta resurrección es el cambio operado en la estructura de poder.

La brecha abierta el 2D se ensancha y la aparición del fiscal Contreras fue la señal de alarma. Ahora que ya perdió la confianza de las mayorías, Chávez se hace más vulnerable. Durante la promulgación de la Ley de Policía Nacional intentó transmitir la sensación de que sigue siendo el mismo de siempre rodeándose de los representantes de los poderes y solidarizándose con Isaías Rodríguez.

El mensaje es claro: todo sigue igual. Aquí mando yo e Isaías es inocente así los hechos lo condenen. Una forma de actuar comprensible si hubiera ganado el 2D. Pero ocurrió todo lo contrario, la tentativa totalitaria está cancelada y los intentos por relanzarla resultan ya patéticos. Bastaba sólo verle la cara a Luisa Ortega Díaz esa noche de la cadena para saber que ella también lo sabe.