"El socialismo del siglo XXI está naciendo aquí", sentenció el presidente Chávez desde el Central Azucarero Ezequiel Zamora, el 20 de marzo de 2005, en tierras de Barinas. No se trata de una obra más de la revolución, más que eso es un símbolo de lo que el Presidente llamaría "la nueva economía liberadora" que precisamente cobraría vida desde el terruño que lo vio nacer.

Tres años después de aquella reflexión y a ocho de iniciado el proyecto con varios anuncios de apertura frustrados, el Presidente desde el mismo central todavía inconcluso advirtió a los trabajadores que allí laboran "que no se les meta en la cabeza el demonio del capitalismo".

Pero al parecer la historia que ha acompañado al central zamorano no ha sido precisamente la del demonio capitalista sino una muy socialista corrupción. Hasta la fecha se han invertido 940 millones de bolívares fuertes y los productores de la zona todavía no tienen dónde colocar su cosecha. Corrupción, desvío de dinero y mala administración es lo que la gente de Sabaneta ha presenciado en lo que sería el central más grande de Latinoamérica.

La historia sin fin
Para la misión de hacer realidad el sueño socialista, en 2003 el Presidente había designado a Antonio Albarrán como director del central azucarero, y ratificaría su confianza al nombrarlo en enero de 2005 ministro de Agricultura y Tierras. Albarrán se había ganado la amistad de los Chávez cuando desde su gestión como presidente del Instituto Nacional de Tierras del estado Barinas propició las invasiones de tierras al grito zamorano de "tierras y hombres libres". Emulando a Zamora y con una barba a lo Che Guevara, entraba a caballo a las fincas invadidas, a la cabeza de decenas de jinetes con boinas.

Aunque el progreso del proyecto era lento y las fechas de inauguración se posponían año tras año, la central zamorana no había sido motivo de escándalos o atención de los medios informativos.

Eso fue así hasta que en febrero de 2004 el comandante del 62° regimiento de ingenieros, unidad militar que tenía a cargo la construcción de las obras para el central, general Delfín Rafael Gómez, denunció ante el Cicpc la clonación de dos cheques que habían sido anulados y el cobro de uno de ellos por 220 millones de bolívares, pagado por la agencia de Banfoandes de Sabaneta de Barinas. El segundo cheque, de 125 millones de bolívares, estaba en trámites para ser cobrado.

Las investigaciones realizadas por el Cicpc determinaron que el cheque había sido emitido a favor de la empresa Yuelma, cuyos accionistas eran Josefa Albarrán y Fren Luna Santiago. Tal investigación fue incluida en informe que hiciera la Asamblea Nacional en 2006. Los dos cajeros de Banfoandes que pagaron el cheque fueron impuestos de auto de detención pero en reciente sentencia fueron absueltos. Mientras que de Albarrán y Luna, autores de la estafa, no se supo nada. Aparentemente su identidad era falsa.

Cabe destacar que quien detectó la clonación de los cheques e informó a su superior había sido el designado administrador de los recursos del Caeez, el capitán Franklin Castillo, uno de los dos militares sentenciados a 7 años de prisión. El otro sentenciado es el mayor Orlando Herrera Sierralta, quien fuera nombrado encargado de dirigir las obras y contratación de las empresas para las obras del Caeez. El general Delfín Gómez Parra lleva dos años y medio preso y el proceso en su contra se encuentra paralizado.

Otras irregularidades
El 8 de agosto de 2004, el general Delfín Gómez Parra fue retirado del comando del 62° regimiento de ingenieros y asignado al comando de la 22 brigada de Mérida. Pero a finales de ese mes, antes de que se hiciera la transición al nuevo cargo, recibió una solicitud de pago para una nómina de 70 personas por parte del mayor Orlando Herrera Sierralta. Según relata Delfín Gómez Parra, desconocía a cuáles obras se refería y esa solicitud de pago le causó suspicacia, por lo que ordenó una nueva investigación, esta vez a cargo del coronel Eduardo D'Ascencao Rojas. Según el testimonio que está en el expediente, el mayor Orlando Herrera no suministró la documentación requerida y se dirigió a Caracas, a la Comandancia General del Ejército, a denunciar que era acosado por su jefe, el general Delfín Gómez Parra.

La investigación realizada reveló que la nómina era sólo de 11 personas y habría sido inflada a 70. Tal información quedó plasmada en un informe que sería remitido posteriormente a la Comandancia del Ejército. Por este hecho el general Gómez Parra destituye del cargo al mayor Herrera Sierralta.

Para finales de octubre de 2004, antes de trasladarse definitivamente a Mérida, el general Gómez recibe otra solicitud de pago por parte del mayor Orlando Herrera Sierralta, esta vez a favor de la empresa Viapeca, por una obra de canalización hecha en los meses de julio y agosto en el caño del Oso. Tal solicitud de pago fue rechazada por el general Gómez Parra ya que la misma obra había sido realizada completamente por el regimiento de ingenieros con personal propio en el mes de marzo. Según los registros, no existía ningún contrato que avalara que esa obra la realizara la mencionada empresa. Posteriormente se determinó que la empresa Viapeca había recibido 65% de las contrataciones del Caeez y estaba relacionada con un familiar del mayor Herrera Sierralta. Pero hay que resaltar que tanto las empresas como las obras realizadas debían tener el visto bueno de la directiva del Caezz, vale decir de Antonio Albarrán.

Para el 20 de octubre, mientras está el conflicto por los pagos de la nómina de 70 obreros que no tenían respaldo y la obra ficticia ejecutada por Viapeca, el general Delfín Gómez entrega el comando del 62° regimiento.

Es luego de que Delfín Gómez entrega el comando cuando se procede al pago irregular a la empresa Viapeca por una orden de la Comandancia General del Ejército. El pago fue por más de 600 millones de bolívares, fraccionado en tres partes.

Cabe destacar que este hecho es uno de los delitos que por peculado doloso se le atribuyen al general Delfín Gómez Parra y por el cual permanece detenido.

El 20 de diciembre de 2004, por orden del presidente Chávez, se le ordenó al general Delfín Gómez entregar la 22 brigada de infantería de Mérida sin recibir ninguna información por el sorpresivo cambio. En esa misma fecha entregó a la Comandancia del Ejército un informe completo con las irregularidades por él investigadas en el Caeez. Desde ese momento hasta su detención un año después, el 10 de marzo de 2006, no hubo respuestas sobre las irregularidades y el general Gómez Parra estuvo sin cargo a la orden del Comando General del Ejército.

El informe
El 5 de enero de 2005, el general Delfín Gómez decidió enviar un informe directamente al presidente Hugo Chávez para alertarlo de las irregularidades que se estaban cometiendo en el central azucarero. En él destaca el caso de la empresa Viapeca, firmas de contratos sin autorización, pago de nóminas infladas artificialmente, sobreprecios, etc. Pero en especial, destaca la utilización de los recursos del Caeez para la construcción de obras distintas a la central, como lo fue la remodelación y acondicionamiento de la sede del Comando Maisanta en Barinas. Durante todo ese año hubo silencio de parte de las autoridades sobre las denuncias del general Gómez Parra. Pero en enero de 2006, el presidente Chávez desde su programa televisivo reconoce que hay irregularidades en el Caeez y haciendo alusión a la columna de Eleazar Díaz Rangel cuestiona directamente la gestión del general Delfín Gómez y expresa que, por él, "fusilaría a los culpables".

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional asumió una investigación y determinó la responsabilidad administrativa de los oficiales del 62° regimiento y de quien fuera el director del Caeez, Antonio Albarrán. Pero la Justicia sólo tocó a los oficiales militares.

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