Para el Ministerio Público la solicitud de extradición que España presentó contra el supuesto militante de la banda separatista vasca ETA, Ignacio Landazábal, es "improcedente".

La aseveración la realizó la fiscal Mercedes Prieto, ante una pregunta que le formuló la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, durante la audiencia oral y pública que ayer se celebró en el máximo juzgado en relación con la petición.

Landazábal fue aprehendido en abril pasado por agentes de la Interpol a solicitud de los tribunales españoles, los cuales lo requieren para procesarlo por el fallido atentado contra el periodista Gerardo Hueso, cometido en 1981.

Durante su exposición, Prieto afirmó que el solicitado podría ser entregado, porque el delito que se le imputa: Asesinato, "no es un delito político ni un delito común con fines políticos"; además, está previsto en la legislación nacional, aunque bajo el nombre de homicidio calificado, y porque la pena máxima que le podría ser impuesta, la cual es de 20 años, es menor a la prevista por las leyes venezolanas.

No obstante, la representación fiscal dio la razón al abogado defensor de Landazábal, Marco Antonio Rodríguez, quien sostuvo que la petición no puede prosperar, pues la causa está prescrita.

La última actuación de la justicia española contra el supuesto etarra fue hace más de 15 años, tal y como figura en el auto de procesamiento dictado por un juez del país europeo en noviembre de 1993.

El abogado defensor aprovechó para negar que su cliente estuviera "en rebeldía" frente a la justicia de su país de origen e informó que durante los más de 14 años que tiene su cliente residiendo en Venezuela, éste ha renovado el pasaporte en el Consulado español y ha viajado a España sin problemas.

Detención irregular Durante su intervención la fiscal Prieto también anunció que el Ministerio Público está investigando la manera como se produjo la detención de Landazábal, pues mientras los agentes policiales sostienen que los capturaron en San Diego (Carabobo) el pasado 24 de abril y lo llevaron al día siguiente ante los tribunales, sus abogados afirman que en realidad fue detenido el día 21 y que lo pusieron en disposición de los tribunales días después, violando el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

El solicitado, en su turno para intervenir, negó cualquier vinculación con el atentado contra Hueso y acusó a las autoridades españolas de perseguirlo por el simple hecho de haber nacido en el País Vasco.

La Sala Penal del TSJ decidió no pronunciarse de inmediato sobre la solicitud, sino que lo hará en los próximos días.

Fuentes consultadas dieron por descontado que la petición española será desestimada, pues "si la causa está prescrita no hay motivos para entregarlo y mantenerlo detenido".

Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL