Las denuncias de que el Poder Judicial es utilizado para perseguir a opositores o críticos al Gobierno cobraron fuerza ayer, cuando la jueza 13 de Control de Caracas, Alicia Torres, aseveró que fue presionada por la presidenta del Circuito Judicial Penal de la capital, magistrada Venice Blanco, para imponerle al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, la medida de prohibición de salida del país.

"La presidenta del Circuito se metió en mi despacho para que sacara una decisión del caso del presidente de Globovisión y para que la sacara apresuradamente el miércoles, porque no nos íbamos hasta que no saliera. De hecho me mandó un alguacil para que le firmara la boletas y tuve que hacerlo. Ella tiene seis guardaespaldas y los montó en el tribunal. Ella con los seis guardaespaldas no me dejaron salir del tribunal", aseveró Torres en una conversación telefónica con este diario, en la cual informó que hasta el momento el Tribunal Supremo no le había notificado de ninguna medida en su contra.

Consultada sobre los motivos por los cuales Blanco le exigió que dictará con tanta rapidez la medida contra el empresario, la jueza ripostó: "Simplemente me dijo que sino lo hacía que le pusiera el cargo a su orden, que ella firmaba sino lo hacía yo".

Torres reconoció que esta no era la primera vez que la presidenta del Circuito Judicial Penal la presionaba para dictar alguna medida y reveló que semanas atrás le reclamó por no haber ordenado el encarcelamiento del ex presidente del Banco Industrial de Venezuela, Luis Quiaro, quien está siendo procesado por las irregularidades cometidas en esa institución financiera.

"Ella me llamó para decirme que lo mandara para La Planta, pero él no quedó preso porque la Fiscalía pidió medidas cautelares y por eso le di medidas", afirmó.

Esta versión contrasta con lo afirmado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien al instalar en junio pasado un evento sobre impunidad informó que Quiaro estaba en libertad, porque así lo decidió la jueza y que su despacho había solicitado privarlo de libertad.

Tras acusar a Blanco de "interferir" con las funciones de los jueces, Torres dijo temer por su vida. "Ella tiene 6 guardaespaldas que hacen lo que ella diga", agregó.

Respecto a la legalidad de la medida contra Zuloaga, la funcionaria admitió que la misma no tiene validez. A la defensa del presidente de Globovisión se le impidió el jueves revisar el expediente donde figuraba la prohibición de salida.

Ayer también el empresario fue citado por el Ministerio Público para imputarle otro delito (agavillamiento) en el caso por el supuesto acaparamiento de vehículos por el que está siendo investigado.

Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL